Transparencia

Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción. Congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una vasta coalición global.

Desde el año 2008 Transparencia Internacional elabora el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA). Dicho Índice constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los Ayuntamientos españoles.

Mediante la aplicación del ITA se evalúa la transparencia de los mayores Ayuntamientos de España, y ello a través de un conjunto integrado de 80 indicadores.

Preámbulo I

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben  ser  los ejes  fundamentales  de  toda  acción  política.  Sólo  cuando  la  acción  de  los  responsables  públicos  se  somete  a  escrutinio,  cuando  los  ciudadanos  pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en  el  que  los  poderes  públicos  comienzan  a  responder  a  una  sociedad  que  es  crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Los  países  con  mayores  niveles  en  materia  de  transparencia  y  normas  de  buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y  el  desarrollo  social.  En  estos  países,  los  ciudadanos  pueden  juzgar  mejor  y  con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.

La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las  Administraciones  y  entidades  públicas–,  reconoce  y  garantiza  el  acceso  a  la información  –regulado  como  un  derecho  de  amplio  ámbito  subjetivo  y  objetivo–  y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una  exigencia  de  responsabilidad  para  todos  los  que  desarrollan  actividades de relevancia pública–.

En estas tres vertientes, la Ley supone un importante avance en la materia y establece unos  estándares  homologables  al  del  resto  de  democracias  consolidadas.  En  definitiva, constituye un paso fundamental y necesario que se verá acompañado en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia